¿Debe el gobierno contratar a empresas privadas para gestionar las prisiones?

¿Cree que las empresas privadas deberían tener poder para influir en las sentencias y las políticas penitenciarias dados sus intereses financieros?

¿En qué se diferenciaría la experiencia de un ser querido en una prisión privada de una administrada por el gobierno?

¿Qué opinas sobre las implicaciones éticas de ganar dinero encarcelando a seres humanos?

¿De qué manera podría afectar la participación de empresas privadas en el sistema penitenciario a las pequeñas comunidades y a las economías locales?

¿Se imagina un escenario en el que los objetivos de las empresas penitenciarias privadas se alineen con el interés del público en reducir la delincuencia?

¿Cómo reaccionaría si se demostrara que las cárceles privadas son más rentables pero tienen tasas más altas de abuso de los reclusos?

¿Deberían diferir la calidad de vida y el acceso a programas de rehabilitación dependiendo de si una prisión es pública o privada?

¿Podría la existencia de prisiones privadas crear alguna presión social para mantener o aumentar el número de personas encarceladas?

¿Qué alternativas a la prisión podrían considerarse para los delincuentes no violentos, dado el debate sobre la gestión penitenciaria pública y privada?